El proyecto del diputado tucumano Pablo Yedlin, médico pediatra y neonatólogo, que fue aprobado por los senadores sobre tablas y por unanimidad hace unos días, es una nueva ley de vacunas que exige la obligatoriedad de las mismas y se supone, debería garantizar la gratuidad...
Esto que es ventilado con bombos y platillos ya estaba vigente en la ley actual, la nº 22.909 que en su ARTICULO 9° que dice: " Las vacunas que apliquen y los actos de vacunación que lleven a cabo las dependencias sanitarias oficiales o las entidades a que se refiere el artículo 8º, serán absolutamente gratuitas para la población."
Entonces, ¿cuál es la novedad?
¿La obligatoriedad?
Eso también lo preveía la presente ley: "ARTICULO 11 — Las vacunaciones a que se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país, los que deben someterse a las mismas de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria nacional con respecto a cada una de ellas.
Los padres, tutores, curadores y guardadores de menores o incapaces son responsables, con respecto a las personas a su cargo, del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior."
Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo como nuevo en el Congreso Nacional ?
Dice la nueva ley que destaca a "la vacunación como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción".
Pero... eso ya no lo hacían? ¡Caray! ¿Qué nos estuvieron aplicando desde hace casi 100 años? Me preocupa más quién se responsabilizará ahora de todo el proceso, ya que están desguazando las áreas del Estado que lo estaba haciendo...
La novedad de todo esto, es que a partir de ahora tener completo el calendario de vacunación va a ser requerido para trámites tales como el ingreso y egreso del ciclo lectivo; la realización de los exámenes médicos por trabajo; la tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir; y la tramitación de asignaciones familiares.
Pero, en su artículo 13 la nueva ley dice: "de modo tal de favorecer el acceso de la población a la vacunación en todas las etapas de la vida sin impedir la concreción de estos trámites".
Juro que no entiendo... Es obligatorio, pero no es obligatorio ... O sea que siguen siendo tan obligatorias como antes?
A ver qué publicó Ámbito financiero?
"La certificación del documento del Calendario Nacional de Vacunación se solicitará al ingreso al ciclo lectivo, tanto obligatorio como optativo, formal e informal; la realización de exámenes médicos de salud que se llevan en el marco de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo; la tramitación o renovación de DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial, matrículas profesionales, licencia de conducir y certificado de supervivencia y la tramitación de asignaciones familiares conforme la ley 24.714 y de asignaciones monetarias no contributivas.
De no cumplirse con el CNV, la autoridad sanitaria jurisdiccional tomará acciones que van desde la notificación a la vacunación compulsiva (es decir que, tras fallo judicial, la persona recibirá la vacuna más allá de que no sea su voluntad). SI los miembros del equipo de salud se negaran a cumplir con la ley o falsificara el CUV, será sujeto a sanciones."
O sea, es obligatorio.
Dice la nueva ley que te van a dar un Carnet Único Vacunatorio para que tengas registro de tus vacunas... Pero, eso también ya existía con la vieja ley.
De hecho no siempre se cumplía... o faltan carnets, o libretas sanitarias, o no te dan certificado oficial nacional, como cuando te vacunás contra la fiebre amarilla que tenés que pedirlo especialmente a no ser que vayas al puerto donde está Sanidad de Fronteras a vacunarte...
¿Entonces? ¿Cuál es la novedad?
La novedad es que eximen de impuestos a las vacunas. Incluso a aquellas que sean importadas y para esas, también de aquellos impuestos o cargos derivados del almacenamiento en Aduana.
Ahhh! ahora sí entiendo...
Además, como la importación está abierta, los laboratorios podrían optar por traer vacunas hechas en la India o en Burkina Faso en lugar de hacerlas acá y no pagarían un mango de impuestos.
¿Quién va a controlar la calidad de las vacunas que produzcan laboratorios extranjeros?
Aún resuena en Tribunales el caso de los infectados a través de Factor VIII para hemofílicos que Bayer, Gador, Inmuno y Merieux produjo en otro país, sin cumplir los controles sanitarios en la sangre de los donantes...
El juez todoterreno "Glock" Bonadío cajoneó la causa.
De los 1200 pacientes infectados, sólo viven 92.
(Ver https://www.pagina12.com.ar/28380-un-reclamo-de-justicia-antes-de-morir )
Volviendo al tema: sería un buen negocio para el principal productor de vacunas y tratamientos biotecnológicos Hugo Sigman, CEO y socio fundador del grupo INSUD que tiene laboratorios en distintos países, importar las vacunas en lugar de producirlas en el país...
Seguramente en África o el Sudeste asiático paga sueldos más económicos que los argentinos, lo que le permitiría tener mayores ganancias.
"La exención de impuestos a las vacunas adquiridas por el Estado e importadas que suelen repercutir cerca de un 40% en el precio final." dice Ámbito Financiero.
Se olvida de aclarar que las compradas a empresas privadas, como por ejemplo Farmacity o algún centro de salud, también ahorrarían 40%.
Otra novedad: La constancia de aplicación de la vacuna justifica la inasistencia laboral de la jornada del día de la inoculación. Este beneficio corre tanto si el trabajador debe recibir una vacuna o si tiene que vacunar a sus hijos.
Bien, bien... aplaudo esa medida.
Ahora, ¿serán tan generosos los empleadores que están buscando hasta si tenés cara de sueño para poder despedirte?
La otra ventaja, si acaso se cumpliera el presupuesto y la ley, es que en letra de molde dijeron: que deberá contarse con un "Presupuesto intangible para asegurar la compra de insumos biológicos, jeringas, agujas y descartadores, entre otros."
Al menos no te harán pagar la jeringa.
¿Qué estuvo pasando en nuestro país con respecto a las vacunas obligatorias?
A principios de 2017, la diputada Paula Urroz, de Cambiemos, buscaba eliminar el carácter obligatorio de la vacunación a los menores de edad.
Esta diputada, prima de Patricia Bullrich, quería que los padres se hicieran cargo de si vacunaban o no a sus hijos.
¿Liberalismo puro y duro?.
¿O buscaba que el Estado pudiera desentenderse de tener que vacunar a la población?
¿Acaso buscaba "abrir la grieta" entre "vacunas y anti-vacunas" para poder instalar el tema?
Casi al mismo tiempo, con apenas días de diferencia: cerraron el vacunatorio del Garrahan por orden de Carlos Kambourian, el nuevo presidente del Consejo de Administración del hospital designado por el gobierno nacional.
Todo parecía ir en la misma dirección: privatización de la salud pública.
Un año más tarde, justo cuando se aprobó sobre tablas y sin discusión esta "nueva" ley, se inauguró un nuevo vacunatorio del Hospital Garrahan, realizado por la FUNDACION GARRAHAN, una ONG, que recibe donaciones y junta tapitas de gaseosas desde hace años para realizar distintas obras, salas, quirófanos, consultorios, etc que deberían hacer la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, pero no hacen.
El nuevo vacunatorio se hizo en terrenos del hospital pero afuera del mismo.
Y adiviná ¿quién lo fue a inaugurar?
Carlos Kambourian!!! el mismo que había lo cerrado.
No sólo lo inauguró! Con absoluto desparpajo dijo:
Y si tomamos las palabras de Kambourian como ciertas, en todos los hospitales del país, el público está expuesto a gérmenes cada vez que se va a vacunar. ¿No?
¿Qué hacemos?
¿Vacunamos a la gente en una burbuja?
¿Cerramos los vacunatorios de los hospitales? Mejor no les demos ideas...
Viendo esta ley que poco trae de nuevo, uno no puede más que preguntarse: ¿Crearon una ley que ya existía para contraponerse a la bestialidad de la Alianza Cambiemos que pretendía eliminar la obligatoriedad?
Es una posibilidad.
¿Crearon una ley que ya existía para poder eximir de impuestos a las compras de vacunas o para poder importar más de lo que se produce en nuestro país?
Todo es posible.
Y ahora que NO HAY MINISTERIO DE SALUD, quién será la autoridad de aplicación competente?
¿ El ministerio de Desarrollo Social que dirige la abogada Carolina Stanley?
¿Y dadas estas circunstancias, favorecería esta circunstancia y la nueva ley el poder agregar vacunas a nivel provincial?
Y...
También es una posibilidad.
Las provincias tienen la obligación de cumplir con las leyes nacionales, pero tienen autonomía para agregar nuevas normas siempre que no se opongan ni restrinjan los derechos otorgados en la ley nacional...
Y algunas provincias argentinas tienen hoy, vacunas extra en el calendario de vacunación, como la de la fiebre amarilla. ¿Podría una provincia alegar su autonomía, para agregar alguna vacuna?
De hecho, algunas ya lo habían hecho, con muy poca prensa.
En el año 2008, se descubrió que el laboratorio belga GSK estaba probando una nueva vacuna contra el neumococco en tres provincias argentinas, cuyos ministros de salud, habían autorizado la prueba en hospitales públicos.
Durante la tercera y última fase de la investigación, en 2007 murieron 14 bebés. Dos en San Juan, cinco en Mendoza y siete en Santiago del Estero.
El reclutamiento para las pruebas no fue precisamente ético: los bebés eran seleccionados entre poblaciones humildes, en algunos casos analfabetas, se los conminó a participar y se los amenazaba si querían abandonar el estudio, según denunció en su momento el entonces presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski.
El laboratorio dijo que no había nada anormal.
Y sinceró públicamente: “Los médicos trabajan para el protocolo en su tiempo extra y, para eso, se proveen recursos. Además, el niño que participa tiene beneficios extras, como vacunas que no están en el calendario oficial”.
Las palabras son del director del área de Biológicos de la filial local de GSK, Ricardo Ruttimann.
"Vacunas que no están en el calendario oficial"... ¿quién controló eso? ¿Cómo sabemos que a esos bebés no les inyectaron cualquier cosa?
¿Pudo haber influído en las muertes de esos bebés la interacción entre la vacuna experimental y las otras que les aplicaron y "no estaban en el calendario oficial"?
Cabe aclarar, que "los recursos" de los que Ruttimann proveía a los médicos, eran 400 dólares por cada niño que incorporaban al protocolo.
¿Cómo terminó la historia?
En el año 2012, el laboratorio GSK belga en los papeles pero de capitales BRITÁNICOS (esos muchachos que usurpan las Malvinas), fueron multados en un millón de pesos por el poder judicial por no guardar las formalidades en la firma del consentimiento parental. El juez fue Marcelo Aguinsky.
Bueno, en realidad, GSK debía pagar 400.000 pesos y dos médicos 300.000 cada uno.
GSK es el 2º laboratorio más importante del mundo.
Por supuesto, apelaron, así que aún no sabemos si pagarán la multa, o se investigará qué protocolo siguieron, qué vacunas "fuera del calendario oficial" le dieron a los niños; qué control tuvieron esas vacunas; si realmente aplicaron vacunas, o qué cosa... Una multita parece ser lo más conveniente para la multinacional, y aún así, apelaron para no pagarla.
Los 14 bebés muertos se taparon con tierra y olvido, ya que eran pobres. Y alegaron que murieron por causas ajenas- y nunca establecidas- a las vacunas recibidas.
14 bebés entre 14.000 que se usaron como conejillos de indias parece ser un daño colateral aceptable para el juez Aguinsky que no profundizó la investigación.
Otros chanchullos:
Hablemos de la vacuna contra el meningococco causante de la Meningitis, enfermedad grave y potencialmente mortal.
El esquema de vacunación comprende dos dosis en lactantes (3 y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida) ; y una dosis única a los 11 años. Esta última dosis es la que empezó a faltar hace unos meses.
Desde el laboratorio que la "el abastecimiento de la vacuna contra el meningococo para el mercado público es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes requeridos".
Pensá que el desarrollo de una vacuna puede llevar 10 años, y su producción 2. Es decir que todos los pasos previos son cuidadosamente calculados porque la inversión es millonaria y ningún laboratorio quiere perder plata.
El laboratorio Glaxo Smith Kline dice que tiene las dosis para esa 3º vacunación que se necesita para cumplimentar el plan.
Pero, el gobierno de Mauricio Macri no quiere poner plata en comprar esa tercera dosis.
En agosto, el Ministerio de Salud - que todavía existía- suspendió por tiempo indeterminado la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis, como estrategia "para priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida hasta contar con la disponibilidad necesaria".
Adiviná qué tuvieron que hacer los padres a los que los pediatras, sabiamente, les dijeron que el cronograma de vacunación debe cumplirse completo, si no, es lo mismo que no habértela dado...
Sí, tuvieron que comprar en cuotas la dosis que el Gobierno no quiso pagar a pesar de la ley que lo obliga.
La vacuna que incluye el calendario nacional, y que por ende es gratuita para toda la población correspondiente, funciona para los grupos A, C, Y y W, pero no para el B.
Este año en Santa Fe en el mes de abril, hubieron algunos casos de Meningitis tipo B, un serotipo que pertenece a la población de Europa y Canadá.
A la hora de matarte, el meningococco no te pide pasaporte, así que los padres salieron corriendo a comprar las vacunas contra el subtipo B que cuestan alrededor de 3000 pesos cada dosis.
¿No debería preverse entonces que en caso de riesgo de una epidemia con una cepa que no sea habitual en nuestro país el estado la cubriera?
Pregunto porque ya vimos lo que pasó en Argentina con la Gripe A, una gripe salida imprevistamente de la nada, en plena campaña electoral y el Tamiflú, producido en ese momento por un único laboratorio, Roemmers, en todo el mundo.
¿Podría pasar entonces, que, ante una posible epidemia de una enfermedad para la que existe vacuna pero que no está en el calendario vacunatorio nacional, una provincia o un Colegio Médico recomendara vacunarse?
¿Te llegarán mensajes de Whatsapp recomendándote vacunarte?
Te llegan propuestas electorales, propagandas de todo tipo... por qué no un consejo médico en medio de una epidemia (o supuesta epidemia)?
¿Acaso no salieron todos como locos a buscar alcohol en gel cuando presumieron que la Gripe A los acechaba?
¿Podrían exigirlo como requisito para algún trámite provincial?
Quedan más preguntas que respuestas, ya que la ley no dice quién será la autoridad de aplicación, le deja la libertad al Poder Ejecutivo de designar el organismo que se encargará de todo lo referente a las vacunas. (A este poder ejecutivo... )
La ley crea un registro nacional de vacunados, por lo que las autoridades de Salud podrían detectar rápidamente en qué lugares hace falta una campaña más fuerte de vacunación.
Los laboratorios también.
Y podrían usar los datos personales comprados a redes sociales, o a algún empleado estatal infiel, para hacer campañas de propaganda basadas en la insistencia o en el miedo.
Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos, denunciada por el Consejo Nacional de Políticas Indígenas, fue dejar sin programas de vacunación a los pueblos originarios.
Los agentes sanitarios que hablaban dos y tres idiomas para poder asistir a las diferentes etnias, explicarles la importancia de cumplir con el cronograma de vacunación y alertar sobre posibles complicaciones, fueron olvidados por este gobierno al punto de haberles dejado de pagar los sueldos durante más de 6 meses.
Sin cobertura médica, sin agentes sanitarios que vacunen, sin que se enteren de un plan de vacunación, ¿cómo llegarán a tener su calendario vacunatorio al día aquellas poblaciones?
¿Les van a exigir el carnet vacunatorio cuando tengan que sacar el DNI, o cobrar la Asignación por hijo?
Según dice la ley, sí.
Es decir que una parte de la población de nuestro país, los más vulnerables, por falta de políticas públicas y de agentes sanitarios, quedan expuestos a las enfermedades prevenibles, y además, van a ser excluídos totalmente del sistema. Será muertos civiles. Sin ningún derecho, sólo por no tener el Carnet Único de Vacunación.
Más excluídos aún?
Sí, mucho más. Porque sin vacunas, no habrá DNI actualizado.
Sin DNI no habrá escuela (que están cerrando), ni hospital (que están desmantelando por los ajustes continuos), ni trabajo estable y registrado, ni Asignación Familiar y en un futuro, ni siquiera tendrán derecho a la Pensión Universal a la Vejez.
Una de las cosas que parecen no haber tenido en cuenta los que votaron esto, son las políticas de desmantelamiento de la Salud Pública que está llevando a cabo el gobierno.
Pusieron el carro delante del caballo, como para hacer que hacen algo mientras el país es desmantelado.
¿Mucho ruido, pocas nueces?
En parte, es para hacerse notar. Hacer como que hacen algo.
Lo que se difunde como "logro" es, justamente, lo que YA EXISTIA como ley.
Aún así, se insiste sin que nadie, y digo NADIE, cuestione... En menos de una semana, ya teníamos otra grieta social instalada: "vacunas- antivacunas" con lo que se avecinan nuevos programas de TV destinados a ponernos a hablar de la superficie del tema instalado, con muchas luces de neón y verborrágicos locutores invitándonos a no irnos de la pantalla porque después de la tanda "seguimos con este apasionante tema".
Lo que tenemos seguro, y pocos están cuestionando, es un estado desguazando sistemas de sanidad, seguridad y soberanía.
El Capítulo Argentino de la Red de Bioética viene alertando desde 2016 sobre algunos temas que nadie parece registrar en el Congreso Nacional. O lo que es peor, lo registran y lo ignoran.
En un comunicado de diciembre de 2016, es decir, hace dos años, manifestaban su preocupación por la implementación de la Cobertura Universal de Salud, que poco tenía de cobertura y nada de Universal; y la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación en Tecnología de Salud, que como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud (que hoy ya no existe) superponía incumbencias con ANMAT, ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que es el organismo oficial que aprueba protocolos médicos, medicamentos y vacunas.
La AGNET pretende reemplazar esas funciones del ESTADO (que es quien te obliga a vacunarte) y estaría conformada por directores representantes de LABORATORIOS, OBRAS SOCIALES y PREPAGAS; y tendría un consejo asesor conformado por Colegios Médicos (esos que callan ante el desguace de hospitales y programas de salud); Universidades públicas y privadas entre otros.
¿Quién va a decidir qué vacuna se aplica ahora que no hay Ministerio de Salud? ¿Quién va a decidir si se aplica una vacuna nueva cuya efectividad aún está en duda en otros países?
Según parece, tal como están las cosas, los mismos que la producen.
Otro de los alertas que lanzaba la Red de Bioética hace dos años, y que los legisladores nacionales siguen sin tener en cuenta, es la facultad otorgada a la Administración Nacional de Patentes por el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) para otorgar patentes a productos farmacéuticos en el país sin hacer previamente los estudios científicos de rigor. Esto facilitará la perennización de las patentes de medicamentos, vacunas, etc. Bastará con cambiar un componente de un medicamento o vacuna para que siga vigente la patente por otros 25 años, por lo que dificulta a futuro la elaboración de genéricos o de vacunas por parte del ESTADO.
¿Hace falta que te diga que el director del INPI es un abogado defensor de las corporaciones, llamado Dámaso Pardo, que casualmente fue elegido en 2017 como presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual?
¿Y que su segundo es José Alfredo Martínez de Hoz (hijo)?
Y que ambos fueron denunciados por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de funciones? Te cuento por qué los denunciaron: ambos son socios y representantes legales del estudio de abogados PAGBAM (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz) que asesora a las principales empresas transnacionales en Propiedad Intelectual.
Los que deberían cuidarnos, son los empleados de los que quieren perjudicarnos.
¿Será para ganar ese lugar que el estudio PAGBAM participó efusivamente de las campañas internacionales de la TASK FORCE ARGENTINA, (Grupo de Tareas Argentina) creado por el buitre Paul Singer, para atacar internacionalmente al gobierno de Cristina Kirchner?
La Red de Bioética alertaba sobre dos puntos extremadamente importantes:
1- El resguardo de los datos y fichas médicas de los pacientes de hospitales públicos en grandes bases de datos que se había comenzado a implementar para mejorar la atención de los mismos, carece de control por parte del Estado que tiene la obligación de proteger los datos personales.
2- el crecimiento de la actual colección y procesamiento de muestras biológicas y de ADN de los principales ensayos clínicos y su inclusión en biobancos internacionales sin control de los participantes ni del Estado Nacional que debería proteger sus derechos.
Estos dos puntos son claves fundamentales de la violación de derechos ciudadanos que además ponen en peligro a todos los argentinos si sumamos lo expuesto en esta nota.
No hablamos sólo de una violación de derechos.
Hablamos de entregar nuestros datos genéticos y personales a laboratorios extranjeros con la anuencia del Estado, que podrían ser usados tanto para vendernos la cura a enfermedades que podrían crear en base a nuestro ADN, como para matarnos selectivamente en caso de un conflicto de intereses geopolíticos.
Estamos más desguarnecidos que Tarzán.
Al menos él andaba desnudo y a los gritos.
Nosotros permanecemos en silencio. Como los muertos.
PD: Si sos un poco sugestionable, y tenés algunos miedos rayanos con la paranoia, no leas el artículo 22 de la nueva ley: el Estado puede aceptar donaciones de vacunas de otros estados, de laboratorios o de ONG's con o sin fines de lucro. ¿Seguridad sanitaria nacional? ¿Soberanía sanitaria? te la debo.
¿Tendrá algo que ver el haber silenciado todos estos datos y parte de esta ley, con la amistad personal que el diputado Yedlin y su familia mantienen con el diputado del PRO Waldo Wolff ; con la ministra de Desarrollo Social a cargo de la Secretaría de Salud Carolina Stanley- siempre lista para mandar listados de pobres a quien lo solicite- y los intereses comerciales internacionales que la Alianza Cambiemos defiende?
Les dejo la inquietud.
Desde 1963 estuvo en la función pública cada vez que pudo. Sus lauros durante la última dictadura son destacables: 
Santiago Kovadloff es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
el secretario de la comisión directiva es el cirujano general Dr Leonardo Mac Lean, de quien no encontré ningún dato que me hiciera dudar de su bonomía, y es un reconocido profesional profesor de Cirugía en la Universidad Austral.
El tesorero, es el abogado Rodolfo Díaz, actual vicepresidente de Pan American Energy. La parte bonita del currículum, pueden leerla en la página de la Academia, yo les voy a contar que este señor, fue uno de los primeros ministros de TRABAJO de Menem. Sí, reíte si querés.
El PRO-Secretario (perdón por la ironía) es José Claudio Escribano. Siempre trabajóen el Diario La Nación. Incluyendo la época en que torturaban a Lidia Papaleo para quedarse con Papel Prensa; o la previa, cuando arengaban a los militares para tomar el poder.
José Horacio Jaunarena, subsecretario, secretario y ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, estuvo durante todo el mandato del ex presidente. Era el intermediaro entre los militares torturadores, aquellos que habían sido parte de los grupos de Tareas de las Fuerzas Armadas, y el Gobierno que pretendía llevarlos a Juicio.
Juan Aguirre Lanari, canciller del último dictador Reynaldo Bignone y antes embajador designado por el dictador Videla.
Vicente Massot, sí, el mismo que defendía Kovadloff con su pluma en la carta que presentó la Academia en nombre de todos sus miembros.
Carlos Pedro Blaquier, no podía faltar entre tanta distinguida excrecencia. Dueño del ingenio Ledesma, donde se produjeron una serie de apagones intencionales con el fin de secuestrar a 400 personas.
Alberto Rodríguez Varela, también abogado como los anteriores, fue Ministro de "Justicia" durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
